Esta medida llega después de meses de exigencias, en las que el PSOE ha insistido, desde el principio, en que fueran técnicos los encargados de certificar la inversión de las ayudas en la reparación de las viviendas, especialmente para la gran mayoría de afectados que, por avatares de la vida, no pudieran demostrar documentalmente que sus ayudas estaban invertidas correctamente.