El PSOE muestra su preocupación por la adjudicación del servio de transporte sanitario a una UTE conformada por empresas de fuera de la Región

La diputada socialista Isabel María Casalduero ha mostrado su preocupación por la resolución anunciada en el día de hoy sobre contrato de “Servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, en el que, una UTE conformada mayoritariamente por empresas de fuera de nuestra Región ha sido adjudicataria del mismo.

Casalduero reclama al Gobierno Regional y concretamente a la Consejería de Sanidad “la revisión con carácter inmediato de la adjudicación, así como de los criterios de selección aplicados y que dejan fuera a las empresas murcianas del sector y que afecta a la totalidad de las 9 áreas de salud”.

“Se trata de un varapalo a las empresas de la toda la Región, que cuentan con cientos de trabajadores que, tras esta adjudicación, ven peligrar sus puestos de trabajo”. Solamente, apunta Casalduero, en lo que respecta al Área III de Salud se verán afectados de forma inmediata 96 trabajadores de una empresa lorquina. De esta forma, “96 familias ven peligrar su continuidad laboral, algo que de igual forma ocurre con otras tantas empresas del sector repartidas por toda la Región”, añade.

“Nos consta el malestar que ha propiciado esta adjudicación”, y que las propias empresas afectadas van a emprender las oportunas acciones legales contra el mismo. “Unas reclamaciones que apoyamos en toda su medida”, insiste, y por las que las empresas murcianas han apostado durante estos años en los que han prestado el servicio.

Esta situación puede afectar además a la calidad del servicio que hasta ahora se estaba prestando por empresas de la Región, conocedoras de primera mano de las características del mismo, ya que las empresas adjudicatarias lo son de regiones tan alejados como Galicia, y por tanto desconocedoras de la realidad que afecta al servicio sanitario murciano.

Por todo ello, Casalduero exige una reacción al Gobierno Regional que ponga freno a esta situación, de forma que, desde la propia Consejería se ofrezcan las oportunas aclaraciones, se garantice la trasparencia de todo el proceso de adjudicación y se pueda ofrecer seguridad a los trabajadores afectados, sentencia.

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